La parálisis de la asistencia médica pública nos sitúa ante un escenario de profunda quiebra moral. Mientras los profesionales de blanco abandonan consultorios y quirófanos en pos de un reajuste salarial – discutible en sus formas y en su oportunidad -, miles de pacientes de escasos recursos quedan desamparados a las puertas de los hospitales.
El legítimo derecho a reclamar mejoras laborales se desnaturaliza por completo cuando se convierte en un chantaje social que toma como rehenes a los más vulnerables.
Cabe hacerse una pregunta incómoda pero necesaria:
¿Qué pasaría si esos miles de enfermos, postergados y desatendidos, se unieran en una contra-manifestación pacífica para exigir el cumplimiento del deber de quienes juraron protegerlos?
El contraste sería brutal. De un lado, la exigencia de un beneficio económico; del otro, el ruego desesperado por la supervivencia. La balanza ética se inclina, sin lugar a dudas, hacia el eslabón más débil de la cadena sanitaria.
El gremialismo médico debe hacer un severo examen de conciencia.
¿Han contabilizado cuántas complicaciones médicas se agravaron o cuántas vidas se apagaron silenciosamente durante los días de paro?
En la administración pública, los errores o las ausencias políticas se pagan con destituciones o votos; pero en un hospital, el abandono de los puestos de trabajo se paga con vidas humanas. ¿Quién asume la responsabilidad moral y legal por esas pérdidas irreparables?
La vocación médica y de enfermería es, por definición, una entrega incondicional.
Presionar al Estado desatendiendo el dolor ajeno no es una estrategia de negociación aceptable; es una transgresión a la ética profesional. Es urgente que las autoridades y los sindicatos encuentren vías de solución que no impliquen cerrar la brecha del diálogo abriendo la fosa del olvido para los enfermos.
La salud pública no puede ser un campo de batalla donde los platos rotos los paguen quienes ya no tienen fuerzas para defenderse.
