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Opinión

CUANDO LA DICTADURA TUVO REFLEJOS Y LA DEMOCRACIA DEJÓ A LA PRENSA A LA INTERPERIE

 

El periodista José Luis Detone es detenido por la policía frente al diario Abc en el día de la clausura por orden del gobierno de Stroessner. Observan desde la vereda, Edwin Brítez y Hugo Ruíz Olazar, entre otros.

En la memoria colectiva del periodismo paraguayo, el 22 de marzo de 1984 quedó grabado a fuego como una de las fechas más oscuras para la libertad de expresión.

Aquel día, el régimen autoritario de Alfredo Stroessner clausuró el diario ABC Color y envió a prisión a su director, Aldo Zuccolillo. Sin embargo, detrás del atropello político de aquella época se esconde una lección de responsabilidad social y cálculo práctico que hoy, en pleno siglo XXI y bajo un sistema democrático, interpela con dureza a quienes detentan el poder institucional y económico en el Paraguay.

En 1984, la censura golpeó al medio, pero no abandonó a la suerte de la calle a las familias de sus trabajadores. Por un lado, el propio Zuccolillo, aun privado de su libertad, honró durante tres meses los salarios de sus aproximadamente trescientos empleados.

Por el otro, el mismo aparato estatal que había bajado la persiana del periódico articuló, a través del empresario Nicolás Bo, la rápida creación del Diario Noticias. Aquella maniobra, más allá de sus evidentes fines políticos y de control informativo, funcionó en los hechos como un salvavidas laboral inmediato: los periodistas, tipógrafos y obreros de la prensa encontraron refugio y sustento casi sobre la marcha.

Cuarenta y dos años después, en noviembre de 2026, la historia repite el drama del silencio en una redacción, pero invierte cruelmente el desenlace humano. El colapso financiero y la intervención de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras constatarse un crítico deterioro en su solvencia, desencadenó un efecto dominó que arrastró al Grupo Vázquez y a su brazo comunicacional, VMedia.

El resultado fue la paralización y el cierre operativo de medios históricos como el diario La Tribuna, además de radios y portales vinculados al conglomerado.

La diferencia entre ambos episodios desnuda una incómoda contradicción. Mientras en 1984 existió una preocupación tangible, por convicción empresarial de un lado y por pragmatismo político del otro, para evitar que cientos de trabajadores de la prensa quedaran en la indigencia, en 2026 la frialdad burocrática y la irresponsabilidad corporativa se impusieron sin anestesia.

Quienes tomaron las decisiones financieras que llevaron al descalabro de la entidad bancaria, hoy bajo la lupa judicial tras la caída del propio expresidente Santiago Peña, y quienes ejecutaron las medidas de intervención desde los despachos oficiales, actuaron con una alarmante falta de sensibilidad social.

Los periodistas, redactores, técnicos y administrativos de La Tribuna recibieron como única respuesta la suspensión de contratos sin goce de sueldo y la incertidumbre absoluta.

Lejos de existir un plan de contingencia o un puente hacia la reubicación laboral, los trabajadores tuvieron que salir a manifestarse frente al Ministerio de Trabajo para reclamar lo elemental: sus salarios devengados, su cobertura en el Instituto de Previsión Social (IPS) y un horizonte claro para sus familias.

Sala de redacción del diario La Tribuna en el día del cierre por efecto de la crisis del Ueno Bank. Los 300 empleados quedaron sin cobrar sus sueldos ni siquiera con la esperanza de reubicados.

Es cierto que La Tribuna no cayó por un decreto de censura política como ocurrió con ABC Color en los años ochenta, sino como víctima colateral de un escándalo financiero y de malos manejos en la cúpula de sus propietarios.

Sin embargo, para el trabajador que llega a fin de mes con las cuentas impagas y la mesa vacía, la distinción técnica entre una clausura política y una quiebra financiera resulta irrelevante. El efecto es idéntico: la pérdida abrupta del sustento y el debilitamiento del ecosistema informativo del país.

Resulta profundamente preocupante que una democracia consolidada exhiba menos reflejos humanos que un régimen autoritario a la hora de proteger el empleo y la dignidad de los trabajadores de la comunicación.

Cuando el poder, ya sea desde el directorio de un grupo económico que juega con el ahorro público o desde las instituciones del Estado que regulan y ejecutan, actúa de espaldas al drama humano de los obreros de la prensa, no solo deja en la calle a decenas de familias; deja también a la propia democracia con un palmo de narices, demostrando que las libertades formales pierden su valor cuando se desentienden del pan de quienes las sostienen día a día.

 

Efraín Martínez Cuevas
Escritor y periodista
Escritor y periodista. Autor de «Carlos Alfaro, el devoto de la literatura francesa» (El Foro, Asunción, 2025).