
Tiempos de idílicas relaciones con Horacio Cartes, quien en la foto coloca el simbólico y tradicional pañuelo colorado al cuello de quien hoy está expulsado del partido fundado por Bernardino Caballero.
En un giro político de profunda significación institucional, el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) resolvió la expulsión oficial de Santiago Peña Palacios de sus filas.
La resolución partidaria, fundamentada en que las acciones del exmandatario deshonraron la divisa republicana tras su destitución por juicio político en el Congreso, ha encendido un debate que trasciende la simple sanción disciplinaria y se adentra en las dinámicas de poder e impunidad del tradicional partido de gobierno.
Para diversos sectores de la sociedad civil y corrientes internas, la medida es celebrada como un paso necesario hacia la decencia política, una señal de que los abusos en la función pública pueden, eventualmente, tener consecuencias dentro del propio espacio partidario.
La gravedad de los hechos punibles que precipitaron la caída de Peña forzó al partido a soltar la mano de quien fuera su principal referente en el Ejecutivo, buscando salvaguardar una desgastada imagen institucional ante la ciudadanía.
Sin embargo, detrás de la aparente firmeza ética, analistas políticos y ciudadanos cuestionan con dureza la selectividad con la que opera la justicia partidaria. La velocidad y la contundencia aplicadas al caso de Peña contrastan con el manto de impunidad que históricamente ha cobijado a otras figuras prominentes. En el centro de las críticas emerge la figura del expresidente Mario Abdo Benítez, cuya gestión acumula cuestionamientos severos que hasta la fecha no han recibido un trato similar por parte del Tribunal de Conducta.
Entre los reclamos de la opinión pública se recuerda de forma persistente el intento de negociación de los intereses energéticos paraguayos a favor de Brasil en el tema Itaipú durante el mandato de Jair Bolsonaro, un hecho que en su momento rozó el juicio político por sospechas de traición a la patria. Asimismo, se critica la inacción partidaria frente a las denuncias que acusan al gobierno de Abdo Benítez de haber proveído información falsa y sesgada al gobierno norteamericano con el fin de propiciar las sanciones financieras contra Horacio Cartes, actual presidente de la Junta de Gobierno.
Esta evidente disparidad de criterios sugiere que la expulsión de Santiago Peña responde más a un reacomodo de fuerzas y a la necesidad de un sacrificio político inmediato que a una verdadera renovación moral. Mientras la ANR utilice la ética partidaria de manera discrecional, sancionando con severidad a los caídos en desgracia, pero ignorando las lealtades y traiciones del pasado reciente, la declamada búsqueda de la decencia seguirá pareciendo una estrategia de supervivencia antes que un compromiso auténtico con la República.
