Dos cositas sobre el Puente de la Integración: 1) es responsabilidad paraguaya y brasileña; 2) No está en la jurisdicción de Ciudad del Este, sino de Franco.
El Puente de la Integración, la imponente estructura binacional que une Presidente Franco con Foz de Iguazú, sigue estando en el centro del debate público.
Recientemente, una queja viralizada en redes sociales por una joven esteña criticaba que la pasarela no esté habilitada al cien por ciento, atribuyendo este retraso a una supuesta «vendetta» del gobierno central de Santiago Peña contra los ciudadanos de Ciudad del Este por “motivos puramente electorales”.
Si bien el deseo de ver esta vía plenamente operativa es compartido por todos, analizar una obra de esta envergadura bajo el microscopio de la política doméstica no solo carece de sustento, sino que desvía la atención de las verdaderas y complejas causas del problema.
Para comprender con madurez y sensatez la situación actual, es imperativo precisar algunos factores clave que van mucho más allá de nuestras fronteras:
La verdadera pulseada es internacional: El puente no depende de la exclusiva voluntad del gobierno paraguayo. Al ser una obra binacional, su apertura definitiva está sujeta a la corresponsabilidad de Brasil.
El actual gobierno socialista brasileño ha demostrado una sutil pero evidente resistencia y falta de sintonía ideológica con la administración paraguaya, lo que se traduce en una burocracia transfronteriza deliberadamente lenta.
La verdadera vendetta que frena el pleno flujo del puente proviene de Brasilia y su agenda política, afectando los tiempos de habilitación y la homologación de los controles aduaneros en las cabeceras.
Por derecho propio y rigor geográfico, la cabecera oeste del puente pertenece al municipio de Presidente Franco, no a Ciudad del Este. Si existiese un reclamo con base territorial, este correspondería legítimamente a los franqueños.
Confundir la soberanía de los distritos distorsiona el origen del proyecto y demuestra un desconocimiento de la realidad local por parte de quienes emiten críticas apresuradas desde las plataformas digitales.
La demanda ciudadana por la apertura total es, sin duda, legítima. A paraguayos y brasileños les conviene que el puente funcione a su máxima capacidad para dinamizar el comercio, el turismo y la logística de la región. Sin embargo, acusar a la cancillería paraguaya o al Ejecutivo nacional es golpear la puerta equivocada.
La solución a este nudo de infraestructura depende de la alta diplomacia y de las relaciones internacionales.
Es muy probable que una salida definitiva a esta parálisis no llegue hasta el próximo periodo presidencial en el vecino país, siempre y cuando la derecha brasileña retorne al poder y restablezca una visión de integración económica sin sesgos ideológicos.
Hasta que ese escenario ocurra, la lucidez nos obliga a mirar el mapa completo antes de caer en el simplismo de los discursos de barricada local.
