Ayer empezó el juicio oral publico donde la figura principal es el ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, quien cual divorcio poco amistoso, enfrenta acusaciones de su ex amorío con la firma Tía Chela, caso en que se investiga la adquisición de alimentos de manera fraudulenta por un valor de casi 3.000 millones de guaraníes.
Interesante cifra si tenemos en cuenta que donde debían beneficiarse (y comer, alimentarse) muchos, solo lo hicieron unos pocos.
Prieto Vallejos, acostumbrado al show, no cambio su estilo asi llegó hasta sentarse en el banquillo de acusado, proliferando antes su inocencia supuesta y que saldría de esto para dedicarse de lleno a su carrera política, ya que su intención es llegar del este al sillón presidencial junto a la Bahía de Asunción, pero oh destino, el pasado cercano lo llevo hasta donde se juzgan a aquellos que traicionaron la confianza ajena.
En los pasillos siguieron las sonrisas y muecas burlonas que lo llevaron a ser intendente alguna vez, pero al sentir la fría silla pareció asumir en algo que la realidad era otra y las mímicas y gestos pasaron a ser nubarrones de preocupación según algunos expertos en lectura facial.
Primera chicana
Prieto más allá de abocarse plenamente a su defensa busca instalar la idea de ser un perseguido político y que con este juicio se busca truncar su carrera política a la presidencia de la Nación.
Debería, más allá de su idea electoralista, preocuparse por dejar limpio su nombre para mostrar y demostrar que puede ser un pre candidato confiable, pero al parecer de muchos, el personaje termina devorándose a la persona que ya no puede discernir el estadio en que se encuentra.
Quien soporta denuncias de fraudes de entre 40 a 50 casos, los números varían según donde se haga la consulta, pretende recurrir además a otros vicios legales para confundir a la ciudadanía sobre su gestión pública que terminó sacando de la pobreza a su propio entorno familiar y cercanos leales
Lo que hay que saber
En el caso “Tía Chela”, el Ministerio Público acusó a Miguel Prieto y a otras diez personas por la presunta comisión de lesión de confianza y asociación criminal. Según la investigación, durante la pandemia del 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000, mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora.
El Tribunal
El debate está a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Ana Rodríguez Brozón, junto a las magistradas Karina Cáceres y Yolanda Morel.
Inicialmente fijado para abril de 2027, el inicio se adelantó a petición del Ministerio Público, una decisión que fue ratificada por el órgano de apelación penal.
Los acusados
Miguel Prieto y un grupo fueron acusados por lesión de confianza y asociación criminal.
Junto con Prieto Vallejos están procesados los funcionarios Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez. La lista sigue con: Higinio Raimundo Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Fermín Ávalos Britos.
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