Elvio Benítez en 2005, casi un carita sucia, pero temible extorsionador.
El norte del departamento de San Pedro ha sido, históricamente, el epicentro de legítimas reivindicaciones campesinas. Sin embargo, detrás de la bandera de la lucha por la tierra, emergen figuras cuyo liderazgo real es hoy cuestionado por los propios hechos y archivos oficiales. Elvio Benítez representa, para muchos, la metamorfosis de la dirigencia rural: el tránsito de la precariedad absoluta a la acumulación de un patrimonio indescifrable. ¿Estamos ante un auténtico conductor social o ante un eficaz aparato de presión y beneficio propio?
En el escenario político paraguayo, las aspiraciones electorales exigen un músculo financiero que el campesinado común no posee. Benítez nunca ocultó su deseo de ocupar espacios de poder en el estamento público, ya sea a nivel municipal, departamental, parlamentario o incluso en la carrera presidencial.
Para dimensionar el costo de estas ambiciones en Paraguay, basta remitirse a las declaraciones de una referente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien confesó haber invertido de sus propios fondos la suma de 200.000 dólares americanos para asegurar una banca en el Congreso. Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿Cómo financió Benítez sus recurrentes campañas y pretensiones políticas?
DE LA PRECARIEDAD EN 1989 A LA OPULENCIA EN 2026
Los registros documentales trazan una línea de tiempo contradictoria. En 1989, durante la ocupación de la propiedad de Francisco Clari Vega, Elvio Benítez carecía de los recursos más elementales.
Tres décadas después, el panorama es radicalmente opuesto. Crónicas periodísticas sustentadas en informes oficiales revelan que Benítez pasó de la vulnerabilidad económica a convertirse en un próspero propietario: estancias, maquinaria agrícola pesada, vehículos de última gama y cuentas bancarias robustas componen su patrimonio actual.
De acuerdo con los antecedentes, esta fortuna se habría cimentado mediante la instrumentalización de productores de sésamo y comunidades vulnerables. Utilizando la movilización social como moneda de cambio, Benítez presuntamente articuló un sistema de chantaje financiero contra el Estado, obteniendo millonarios recursos públicos en nombre de una base campesina que, en su mayoría, continuó sumida en la pobreza.
Diversas fuentes señalan que el catálogo de métodos de recaudación del dirigente no se limitó a la protesta masiva, sino que rozó la ilegalidad mediante amenazas, extorsiones en rutas e incluso la supuesta vinculación con la producción de sustancias ilícitas en la zona.
PEAJERO Y DELINCUENTE”
Las críticas hacia su gestión no provienen únicamente de sectores civiles. En marzo de 2009, el entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Cándido Vera Bejarano, fue categórico al definir la conducta del polémico dirigente:
«Peajero y delincuente… aprovecha cualquier coyuntura para exigir al gobierno a ceder ante sus exigencias y recibir recursos». (Diario ABC Color, 17 de marzo de 2009, p. 20).
Publicación de Abc Color, martes 17 de marzo de 2009, gobernaba Fernando Lugo.
Esta declaración oficial desnudaba ante la opinión pública lo que en el norte ya era un secreto a voces: la instrumentalización de la necesidad rural para forzar desembolsos estatales que rara vez llegaban a los verdaderos beneficiarios.
Para comprender el origen de este entramado, es imperativo revisar el archivo histórico. En febrero de 1994, la serie investigativa de Abc titulada «Tava Guaraní: Lucha entre la miseria y la esperanza», firmada por el enviado especial Esteban Acevedo Flor, expuso el testimonio directo de quienes convivieron con Benítez en el asentamiento, originalmente conocido bajo el sombrío alias de “Tava´i Borda II”.
El senador Alberto Grillón no andaba con eufemismos, calificó sin espacio para la duda, de “marihuanero” al agitador campesino.
Los relatos de los colonos describen un régimen de control absoluto, más cercano a un cuartel militar que a una cooperativa agrícola. Fidel García, un joven campesino que habitó el asentamiento hasta finales de los noventa, recordaba la dinámica interna con crudeza:
«Elvio Benítez nunca quería trabajar, solo ordenaba, amagaba hacer algo, pero siempre terminaba por no hacer nada. Al final es el culpable de que el asentamiento haya fracasado y nosotros volviéramos más pobres de cuando fuimos».
Fidel García en 1994 (Archivo).
El testimonio de García coincide con el de otros pobladores que denunciaron la intransigencia de Benítez y su aliado, de apellido Zeballos, como la causa principal del abandono masivo de las tierras por parte de decenas de familias.
La radicalización de los discursos tenía un trasfondo estratégico.
Mientras las instituciones del Estado —a través del Instituto de Bienestar Rural (IBR)— ofrecían la adjudicación de 10 hectáreas por familia, una cantidad razonable para la agricultura familiar de la época, Benítez imponía la consigna extrema de «20 hectáreas o la muerte».
Aquellos que osaban cuestionar la viabilidad de la propuesta pagaban un precio muy alto.
El caso más trágico documentado en la colonia fue el de Ramón Torales – cuyo nombre real era José Domingo Gaona -. Torales, un líder alternativo que abogaba por aceptar las 10 hectáreas y comenzar a trabajar la tierra de inmediato, se convirtió en el principal obstáculo para los planes de Benítez. Tras ser catalogado como disidente y recibir constantes amenazas por parte de la cúpula leal a Benítez (donde operaban figuras como Eustaquio Martínez), Torales fue asesinado a tiros en la entrada de su propio rancho.
Los colonos de la época no dudaron en señalar que el ejecutor provino directamente del entorno cerrado de Elvio Benítez.
Fila de invasores de la propiedad de Francisco Clari Vega, organizada por Elvio Benítez. Así empezó sus correrías (foto del autor de esta serie y publicada en Abc Color en octubre de 1989).
La historia de Elvio Benítez en San Pedro no es la crónica de un éxito cooperativo ni de una redención social. Los archivos, los testimonios de los propios campesinos y los informes gubernamentales sugieren el diseño de una estructura corporativa personal que utilizó el dolor de la exclusión rural para acumular riqueza y cuotas de impunidad. La investigación en torno a sus bienes y su pasado sigue siendo una deuda pendiente con las verdaderas víctimas del campo paraguayo.
Mañana: En el gobierno de Lugo fue el mandamás del INDERT.