Hace apenas un mes, las señales de alerta eran claras, pero hoy el escenario ya es de asfixia. La industria del calzado en Paraguay no está perdiendo una competencia comercial limpia; está siendo ejecutada en silencio por el dumping chino.
El cierre de fábricas y el goteo constante de despidos de obreros y zapateros locales no son el resultado de la falta de competitividad, sino de la inacción ante una práctica desleal que destruye mercados en todo el mundo.
Resulta contradictorio, rayando en el escándalo, cómo un flujo masivo de mercancías provenientes de un país con el que Paraguay ni siquiera mantiene relaciones diplomáticas formales tiene la capacidad de doblegar a un sector productivo histórico.
La libre competencia dinamiza la economía, pero el dumping – vender por debajo del costo real para monopolizar el mercado – es una agresión directa al empleo y al capital nacional.
Ningún país, por más abierto que sea al libre mercado, se cruza de brazos a observar cómo desmantelan sus industrias sin activar sus mecanismos de defensa.
La supervivencia de este sector productivo depende ahora de que las autoridades dejen la tibieza de lado. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) tiene la obligación legal y moral de golpear la mesa, abrir investigaciones de oficio y aplicar de inmediato salvaguardias y aranceles compensatorios.
Por su parte, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Aduana) debe actuar como un filtro infranqueable contra la subfacturación y el contrabando técnico en las fronteras, donde el calzado extranjero ingresa declarando valores ridículos.
Salvar a los zapateros paraguayos requiere mano firme, voluntad política y patriotismo económico. Defender el empleo local no es proteccionismo ciego, es una cuestión de supervivencia. Si el Gobierno no interviene con urgencia y rigurosidad ahora mismo, mañana solo nos quedará redactar el obituario de la industria nacional.
