Mientras los responsables de la administración pasada intentan evadir su culpa por la trampa vial de Pedrozo, la actual gestión del MOPC destraba el conflicto judicial y técnico para desmantelar un peligro que costó decenas de vidas.
El cruce de la Ruta PY02 con el desvío a Pirayú, en la compañía Pedrozo de Ypacaraí, se convirtió en los últimos años en un punto negro para la seguridad vial del país.
En plena pendiente de descenso del cerro Caacupé, la colocación de un semáforo desafió toda lógica de la ingeniería del transporte. Una constante crónica de tragedias: camiones sin frenos embistiendo a automóviles que aguardaban la luz verde.
Decenas de muertes justifican hoy la profunda indignación colectiva de una ciudadanía que exige responsabilidades.
LA ORDEN FUE DE MARITO Y WIENS
Cuando fue ministro del MOPC, Arnoldo Wiens ordenó la colocación del semáforo de Pedrozo.
Para entender el origen de esta impericia, es necesario retroceder a la administración gubernamental anterior (2018-2023).
Durante la gestión de Arnoldo Wiens al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se instaló en 2022 el cuestionado dispositivo técnico. No fue un hecho aislado, sino parte de una política de infraestructura que priorizó soluciones cosméticas por sobre la seguridad técnica.
Dos años antes, el 17 de agosto de 2020, el entonces presidente Mario Abdo Benítez y sus técnicos ya habían inaugurado con pretensiones de gran obra un insólito puente de un solo carril en el tramo Naranjaty-Costa Fleitas, uniendo Capiatá con Areguá.
El semáforo de las tragedias.
Aquella estructura, que demandó una inversión de 5.200 millones de guaraníes, ya requirió la colocación de un semáforo para regular el paso alternado debido a sus estrechas dimensiones; una muestra de los controvertidos criterios de planificación de esa época.
En el caso específico de Pedrozo, el artefacto lumínico devino en trampa mortal.
Ante el clamor popular provocado por los fatales accidentes, los responsables políticos de su instalación intentaron en los últimos meses desmarcarse de las consecuencias de sus decisiones, buscando trasladar la responsabilidad de la negligencia a la conducción actual del MOPC.
Sin embargo, la realidad de los hechos demuestra que la actual ministra, Claudia Centurión, heredó un escenario complejo y judicializado.
Lejos de la inacción, la secretaria de Estado asumió el liderazgo para destrabar el nudo crítico legal que paralizaba las obras complementarias en la zona.
Tras resolverse la causa judicial y gestionarse la modificación contractual correspondiente, la administración de Centurión procederá finalmente al retiro definitivo del semáforo, abordando con la urgencia que la vida humana exige la readecuación técnica definitiva del conflictivo tramo.
El caso de Pedrozo expone las consecuencias tangibles de una gestión pasada caracterizada por el desorden institucional y las obras deficientes, frente a una conducción actual que asume con firmeza la tarea de ordenar la casa y priorizar la seguridad vial nacional.
