La reciente difusión en redes sociales de la ordenanza emitida por la Municipalidad de General Eugenio A. Garay, mediante la cual se prohíbe la siembra de soja en su jurisdicción, reabre un debate necesario sobre el rumbo económico de nuestras comunidades rurales.
Lejos de constituir una medida de protección efectiva, esta disposición representa un preocupante retroceso que, bajo consignas ideológicas, amenaza con condenar al estancamiento a un distrito con enorme potencial productivo.
Los argumentos esgrimidos para justificar este veto, que el cultivo destruye de forma irreversible los ecosistemas, que perjudica la salud humana a largo plazo y que excluye al pequeño productor, carecen de sustento técnico y contradicen la evidencia empírica global.
La soja es hoy uno de los pilares de la seguridad alimentaria mundial. Si su producción y consumo conllevasen los peligros apocalípticos que pregonan ciertos sectores radicalizados, las principales potencias científicas y sanitarias del planeta habrían vedado su comercio hace décadas. Por el contrario, el grano constituye una fuente insustituible de proteínas y divisas en los mercados más exigentes.
Resulta paradójico en Paraguay, tierra donde la investigación agrícola cuenta con referentes históricos de primer nivel, se pretenda legislar dando la espalda a la ciencia.
Quienes hoy demonizan este rubro parecen olvidar el legado de pioneros como el sabio Moisés Santiago Bertoni, el doctor Pedro N. Ciancio —incansable promotor de las bondades nutricionales de la soja— o el exministro y genetista Hernando Bertoni, quienes dedicaron sus vidas a demostrar que la tecnificación y el conocimiento científico son las verdaderas herramientas para redimir al agricultor paraguayo.
Cuando las autoridades locales sustituyen el rigor técnico por el dogmatismo, las consecuencias recaen directamente sobre la población más vulnerable. Prohibir por decreto una actividad lícita, regulada y altamente rentable no protege al pequeño agricultor; por el contrario, le cierra puertas, ahuyenta la inversión, frena la transferencia de tecnología y mantiene la pobreza en un estado de peligrosa hibernación. El desarrollo sostenible no se alcanza levantando muros contra la producción moderna, sino exigiendo el cumplimiento estricto de las leyes ambientales vigentes y promoviendo las buenas prácticas agrícolas.
El departamento del Guairá y el distrito de Eugenio A. Garay merecen autoridades que gestionen con visión de futuro, sensatez y apego a la verdad científica. Gobernar implica crear condiciones para el trabajo y la prosperidad, nunca ceder ante el fanatismo que estanca a los pueblos.